El Gobierno de Javier Milei vetó este jueves una ley sancionada por el Congreso, esta vez al Proyecto de Ley Nº 27.794, que establecía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La medida, formalizada a través del Decreto 652/2025, representa un duro golpe para los gobernadores, que esperaban esta normativa para asegurar fondos y reducir la discrecionalidad en su asignación.
El veto, que se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en el Garrahan, profundiza el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y las provincias. La decisión agudiza el malestar en los distritos, que ven cómo se bloquean iniciativas clave para sus finanzas en un momento de tensión económica y política.
Luego de anticipar que impugnaría la ley de distribución automática del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por las provincias, la Casa Rosada envió anoche la comunicación del veto al Senado, cámara de origen donde se trató el proyecto aprobado por los dos cuerpos legislativos.
Entre las razones que esgrime el Ejecutivo para rechazar la iniciativa impulsada por los mandatarios provinciales, destaca que el proyecto sancionado por el Congreso establecía un reparto de los recursos a través de un régimen coparticipable que “altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional”. Entonces, asegura que la ley priva al Estado de poder contar con “una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.
Aunque el Gobierno daba prácticamente por descontado que vetaría el proyecto de ley de distribución de los ATN, intentó a lo largo de la semana enviar algunas señales a los mandatarios provinciales. La primera, el llamado al diálogo por parte del vocero presidencial, Manuel Adorni. El segundo, el nombramiento del hasta entonces número dos de Guillermo Francos, Lisando Catalán, al frente del ministerio de Interior, acompañado por el anuncio de la Casa Rosada en relación a la presentación del Presupuesto 2026, que hará el propio Javier Milei el lunes próximo por cadena nacional.
Sin embargo, los ojos de los gobernadores estaban puestos en la suerte de la ley de ATN, proyecto que une en su reclamo al grupo de gobernadores más “afines” a la Casa Rosada -pasando por los que en alguna oportunidad supieron definirse como “aliados”- con los que se muestran como acérrimos opositores.
El primero en explicitar su rechazo al veto fue el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, que calificó el accionar del Ejecutivo como “otro desprecio” y “ataque” a las provincias.
La ley vetada y los argumentos del Gobierno
El Proyecto de Ley Nº 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, buscaba modificar el régimen de los ATN, un fondo creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con la finalidad de atender «desequilibrios financieros y situaciones de emergencia» de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los puntos centrales de la ley vetada eran:
-Redistribución automática: Establecía que los recursos de los ATN serían redistribuidos «en forma diaria y automática» y en las mismas condiciones que la coparticipación federal.
-Integración a la masa coparticipable: Los recursos que la compusieran serían considerados «integrantes de la masa de fondos coparticipable».
-Inclusión de TDF y CABA: Consideraba los porcentajes reconocidos a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Gobierno, en los considerandos del Decreto 652/2025, argumenta que el Fondo de ATN fue instituido con una «finalidad específica» de atender emergencias y desequilibrios financieros, bajo la asignación del entonces Ministerio del Interior (actual Vicejefatura de Gabinete del Interior). Implícitamente, el veto busca preservar la capacidad del Ejecutivo de asignar estos fondos de manera discrecional, rechazando la automatización y la integración a la masa coparticipable.
Este nuevo veto se da en un contexto de recomposición de la estrategia política del oficialismo tras la derrota en las elecciones de Buenos Aires, que incluyó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior y una mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos. Sin embargo, estas medidas se ven opacadas por la intransigencia del Presidente ante cualquier iniciativa que considere un riesgo para el equilibrio fiscal, generando más roces con los gobernadores que reclaman mayor autonomía y previsibilidad en la recepción de fondos nacionales.
