Por Robert Lizárraga
Argentina se ha convertido en la nación con mayor consumo de “glifosato” del mundo, mientras que en otros países del planeta el herbicida está completamente prohibido por las terribles consecuencias que genera en la salud de las personas. En nuestro país el año pasado se vendieron 3,8 millones de toneladas de agrotóxicos.
Esto agravado porque ante las nuevas posibilidades que se le abren al mercado agropecuario gracias a un dólar más favorable, se espera que la venta llegue a los 5 millones de toneladas.
A pesar de que las autoridades nacionales remarcan que los productos que se usan en suelo nacional no son nocivos, están autorizados y siguen con las reglas internacionales, la realidad muestra un panorama bastante diferente, ya que sustancias prohibidas se emplean en cientos de plantaciones, causando un grave perjuicio a las comunidades que las rodean, daños a la salud y al ambiente que cada vez son más percibidos, puestos de manifiesto y confrontados por las personas afectadas.
Este sistema se sustenta en la imposición de relaciones de subordinación entre, por un lado, las empresas productoras de esas sustancias y el paquete conformado también por las semillas transgénicas de cultivos resistentes a esos plaguicidas, los sectores económicos que se benefician con su uso, y las instituciones del Estado sin independencia de criterio o manipuladas por intereses; y por el otro los sectores de la sociedad que padecen sus consecuencias sociales y ambientales.
Esta subordinación antidemocrática parte de una concepción jerárquica y desigualitaria de la sociedad. Quienes fabrican, comercializan y se benefician con la elaboración y venta de los agroquímicos, participan de la elaboración de los estudios e informes con los que se establecen las clasificaciones toxicológicas de los mismos, tienen el derecho explícito de realizar y/o contratar a los profesionales que realizarán esos estudios, y también de impedir que se hagan públicos; así como de participar de los grupos que elaboran los proyectos normativos que regulan su uso a nivel nacional, provincial y en el territorio local.
Sin duda el discurso que justifica el uso de los agroquímicos está construido de manera sucesiva por un conjunto de personas físicas y jurídicas integrado por los empresarios que se benefician monetariamente con el sistema productivo que requiere de esos productos, a la vez que omite mostrar los riesgos y daños ambientales, sociales y económicos que su uso genera, y oculta también las alternativas productivas agroecológicas que no generan esos riesgos y daños.
Tal como sucede en otros sectores de la economía nacional, en el de los agroquímicos son muy pocas las empresas que manejan y dominan el mercado, ya que está concentrado en manos de solo tres firmas, compañías transnacionales que han absorbido en su totalidad a la competencia argentina.
Los agrotóxicos son un gran y provechoso negocio para estas empresas, pues, según se desprende de datos oficiales, este mercado mueve más de 2.500 millones de dólares anuales en nuestro país, donde casi 800 millones son comercializados solo por el “glifosato”. El resto se divide entre los diferentes fertilizantes, pesticidas, insecticidas, plaguicidas y herbicidas.
Todos estos agroquímicos están relacionados a varias enfermedades, entre las que se incluyen el cáncer, el linfoma, las anomalías reproductivas, los trastornos endocrinos y los problemas neurológicos. Las personas más vulnerables al envenenamiento por estas sustancias son los bebés, niños en crecimiento, adolescentes, embarazadas y madres en período de lactancia.
Los expertos de la salud tienen una especial preocupación acerca de la exposición a la que se someten los niños, ya que en proporción consumen más alimentos durante su etapa de crecimiento y están en permanente contacto con las superficies del suelo donde se encuentran los residuos de los agrotóxicos.
También se debe considerar que existen trabajadores agrícolas que luego de estar en contacto con dichas sustancias van a sus casas y transportan estos componentes nocivos a sus hogares, poniendo en riesgo también a sus familias, así como la gente que vive o frecuenta lugares cercanos a los cultivos puede verse afectada ya que son aplicados mediante la pulverización, spray o rocío aéreo.
La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿” Cómo fue que alguna vez pudimos pensar que era una buena idea cultivar nuestros alimentos con veneno”? Porque eso es, en definitiva, lo que venimos haciendo, producir cultivos en base a productos diseñados para matar, no importa si plantas, insectos o personas!!!
Por Robert Lizárraga
Fuentes: prensalibre.com
