El veto presidencial abrió el escenario a un nuevo intento de la oposición de alcanzar los dos tercios en la Cámara de Diputados.
Apenas minutos después de terminada la Marcha Federal Universitaria, Javier Milei ratificó el Vero a la ley de presupuesto universitario que fortalece partidas para el funcionamiento educativo y los salarios docentes.
En Diputados se preparan para una sesión el miércoles 9 de octubre a las 11 horas. La oposición comenzó el proceso de captación de votos y tienen mayor optimismo de desarticular al grupo de “87 héroes” que celebró en Olivos el rechazo a la reforma jubilatoria.
La noticia de la sesión -que unificó pedidos de cinco bloques distintos– se oficializó pasado el mediodía del jueves luego de que ingresara el veto al Congreso. Casa Rosada hace números: en caso de que la totalidad de los 257 diputados estén presentes, se necesitan 172 votos (dos tercios) para revertir el veto presidencial, por lo que con 86 voluntades se aseguran que eso no ocurra.
Sin embargo, desde el oficialismo y la oposición dan por descontado que habrá ausencias de los que buscan evitar confrontar con Nación y con las comunidades universitarias de sus distritos. Como referencia, en la sesión del 15 de agosto hubo 35 ausentes, provenientes de todos los partidos.
En caso de que la Cámara de Diputados ratifique el incremento presupuestario la semana que viene, el Senado tendría el camino allanado para provocarle un fuerte impacto al Gobierno, más político que de orden fiscal. Allí necesitan 48 votos y ya tienen garantizados 47 entre los bloques de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical, que sostienen fluidez con autoridades universitarias. El apoyo restante podría provenir de cuatro bloques distintos, pero ni siquiera haría falta: Guadalupe Tagliaferri (PRO) anticipó que acompaña la mejora en el financiamiento universitario.
Ley de financiamiento universitario 2025
La ley de Financiamiento Universitario aprobada por ambas cámaras buscaba garantizar un fortalecimiento de las partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento y salarios de profesores, a partir de una recomposición que reconoce la inflación medida por el INDEC desde diciembre del 2023 hasta el mismo de este año.
La estimación inicial de la Oficina de Presupuesto del Congreso era que implicaba un impacto fiscal de $735.598 millones, equivalente al 0,14% del PBI. En caso de que en los gremios y dirigentes universitarios acuerden una paritaria con el Ejecutivo, un proceso que viene dilatándose desde el cambio de gestión, la ley estipula no aplicarse.
