Un hombre de 32 años fue condenado a siete meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber agredido violentamente a su pareja durante una discusión ocurrida en marzo de este año. La sentencia fue dictada por el juez de control Alejandro Gilardenghi y recayó sobre J.A.P., quien además fue declarado reincidente, lo que le impide acceder a una pena condicional.
Un episodio de extrema violencia
El hecho ocurrió el 5 de marzo de 2025, alrededor de las 7:30 de la mañana, en una vivienda de la localidad pampeana. Según consta en la causa, tras una discusión, el acusado tomó del cabello a la mujer, la arrojó al piso y le propinó múltiples patadas en el rostro. Luego, le sustrajo pertenencias personales, entre ellas las llaves de la casa, el DNI, una tarjeta del Banco de La Pampa y un teléfono celular.
Antes de retirarse, el agresor la amenazó con prender fuego la vivienda, utilizando una botella de nafta que tenía en la habitación, lo que sumó el delito de amenazas simples a la acusación.
Lesiones constatadas y denuncia
La víctima logró pedir ayuda y fue examinada a las 9:30 horas por la médica forense Larisa Pellegrino, quien constató hematomas en el brazo izquierdo y en el maxilar superior izquierdo, además de excoriaciones en el omóplato y la rodilla. Las lesiones fueron consideradas leves, aunque enmarcadas en un contexto de violencia de género agravada.
Condena firme y sin beneficios
El juez Gilardenghi condenó al acusado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas simples y robo simple, en concurso real. La sentencia también destacó que J.A.P. ya contaba con antecedentes penales, por lo que se mantuvo su condición de reincidente, conforme al artículo 50 del Código Penal.
Como resultado, el condenado no podrá acceder a beneficios excarcelatorios ni a penas alternativas, y deberá cumplir la condena en una unidad penitenciaria.
Un fallo que marca posición
El fallo refleja la gravedad de los hechos y la importancia de considerar los antecedentes penales en casos de violencia de género, reafirmando el compromiso judicial con la protección de las víctimas y la sanción efectiva de los agresores.
