Este jueves, los legisladores pampeanos comenzaron a debatir la Ley de Gestión de Plaguicidas enviada por el Ejecutivo Provincial.
La modificación de la Ley de Plaguicidas ya se discute en el pleno de las comisiones de Asuntos Agrarios, Ecología, Legislación Social y Legislación General, que a su vez funciona como la “comisión madre”.
A lo largo del tratamiento se espera el paso de distintas organizaciones y organismos provinciales, que serán escuchados por los diputados y las diputadas.
Se hicieron presente los subsecretarios Alexis Benini (Asuntos Agrarios), Fabián Titarelli (Ambiente), Gustavo Vera (Salud), además de la directora de Epidemiología Ana Bertone y la fiscala de Estado, Romina Schmidt.
Benini dijo que tienen «muchas expectativas» con el debate.
Destacó que el proyecto de ley tiene que ver con «la salud, el medio ambiente, la biodiversidad y la producción. El gobernador nos ha pedido un proyecto moderno que atienda todas las necesidades y esperamos que tenga todos los aportes que se puedan hacer».
Resaltó que es «una ley integral, que no sólo ve a los plaguicidas desde el agro, sino también desde el uso urbano y todo lo que tiene que ver con los residuos que son los bidones».
Sobre los reclamos del sector agropecuario ante la nueva normativa, dijo que pueden «entender que interfiere en su sistema de producción, pero también somos conscientes que los productores viven con su familia en el sector rural y urbano y no querrán ver afectada la salud de ellos».
Ante algunas críticas que se escucharon en los últimos días en relación a una pérdida en cantidad de hectáreas cultivadas con la nueva Ley, Benini expresó: «No creo que las cosechas tengan menos rindes. Se puede discutir en otro momento, me parece más importante concentrarnos en la ley. Al haber un vacío legal, la provincia necesitó implementar una nueva ley que de soluciones a todos los sectores», insistió.
Sobre los pedidos opuestos, que piden directamente la prohibición total del uso de plaguicidas, Benini dijo. «Vamos tener en cuenta la salud, el medio ambiente y por supuesto que se mantenga la herramienta teconológica», resaltó.
Instituciones invitadas
El bloque radical, presidido por Francisco Torroba, tiene una lista de al menos 25 instituciones y especialistas, de las dos visiones opuestas, que pretenden sean escuchados en las comisiones.
Algunas de ellas son la Facultad de Agronomía de La Pampa, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), La Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios, Cámara de Contratistas y Fumigadores, Centro de Acopiadores de Cereales.
La nómina continúa con los distintos Colectivos Sanitarios, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Fundación Chadileuvú, Colegio Médico, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Cámara de Comercio, investigaciones del CONICET, la ONG Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que agrupa a 90 instituciones, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
También se invitó a “nombres que nos han sugeridos” como Luciano Merini y Mónica Belloso, especialistas en medioambiente y control de plagas; el ingeniero Quiroga y la ingeniera Montoya, del INTA, el especialista en producción agrícola sin agroquímicos, Fernando Franck, Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales y Medioambiente, intendentes y concejales, entre otros.
La opinión de los productores
A los productores les preocupa los 500 metros (de prohibición de aplicación terrestre) y los otros 2500 metros. “Lo que queremos saber es si llueve y no se puede aplicar en esos quinientos, qué ocurre. Son cosas que hay que definirlas”, señaló el presidente de la Asociación Agrícola, Víctor Tapié,.
Las hectáreas que quedan fuera de producción, la trazabilidad de los bidones y la recarga de tasas son los temas que están en la mira de las entidades del campo, que ya conformaron un equipo técnico para analizar el proyecto de ley de Plaguicidas que presentó el Gobierno Provincial.
“Si hay una prohibición de aplicaciones a 500 metros, hay muchísimas superficies que van a quedar fuera de todo tipo de actividad agrícola. Es mucha superficie”, remarcó.
Tapié dijo que “en el proyecto vemos tasas, tasas y tasas. Hay que ver qué costos se aplican”.
“Estamos a favor de las buenas prácticas agronómicas y de regular. Estamos a favor de que se regule. No queremos ser los malos de la película. Vivimos en los pueblos y en las ciudades donde viven las demás personas”, afirmó.
Se mostró de acuerdo con la receta agronómica. “Está bien. Es como cuando uno se automedica. Está bien que si alguien va a hacer una aplicación, tenga una receta”, dijo Tapié.
Pero consideró que llevar a la práctica la trazabilidad que plantea la ley de Plaguicidas es “complicado”. Explicó que “se está buscando una trazabilidad propia en La Pampa. Es complicado. Estamos de acuerdo en que se controlen los bidones que tiene cada uno, pero no es posible una trazabilidad propia”.
