La demanda fue elaborada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y la impulsarán dos organizaciones no gubernamentales históricamente comprometidas con el reclamo: la Fundación Chadileuvú y la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos.
El Gobierno de La Pampa, a través de la Fiscalía de Estado, fue activo colaborador en la presentación aportando el andamiaje judicial previo que culminó con la sentencia firme de la Suprema Corte que, al no cumplirse, promovió la presentación que hoy se formalizó ante el organismo internacional.
El primer mandatario sostuvo que la actividad de hoy “trasciende el ámbito del Gobierno. Se trata de una lucha colectiva que nos define como pampeanos defensores de sus recursos naturales”.
Puntualizó que “se está dando un paso más después de 77 años de despojo; 77 años de una lucha que nos une por historia, pertenencia y defensa de nuestro futuro” y sostuvo que la presentación que se dio a conocer hoy “es producto de que todos los actores, públicos y privados, nucleados en la CIAI pampeana, tomaron la decisión de salir del ámbito de nuestro país e ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con nuestro reclamo”.
Ziliotto mencionó que “Mendoza esta en rebeldía con una sentencia de la Corte que ya tiene cuatro años, en la que la obligaban a erogar 3,2 metros cúbicos por segundo para comenzar a recuperar el ambiente que degradaron”.
El RIGI y su afectación a las autonomías provinciales y el ambiente
El gobernador volvió a alertar sobre el proceso de adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones –RIGI- puntualizando que el “texto de esa norma, como mínimo soslaya y hasta puede decirse que avasalla las competencias provinciales sobre la libre disposición de nuestros recursos naturales”.
«Dejando de lado el análisis jurídico y yendo a la realidad sabemos que el RIGI abre la puerta a las grandes inversiones extranjeras vinculadas al extractivismo, que es el que menos recursos deja en el país y más se lleva al exterior. En virtud del RIGI, Mendoza ya habla de la derogación de la ley que prohíbe la minería a cielo a abierto, actividad que tiene como principal insumo el agua”, detalló Ziliotto.
En este sentido precisó que el RIGI “prioriza la utilización del agua a la minería, lo que coloca en un segundo plano a Mendoza y a La Pampa en tercer lugar. La vigencia de este Régimen nos hace retroceder en nuestra lucha y por eso creo que debemos enfrentar la situación con acciones, pero con una cohesión colectiva, que involucre y una a todos los pampeanos en defensa de nuestro patrimonio hídrico, que no es ni más ni menos que defender el futuro”.
Además del gobernador Sergio Ziliotto, formaron parte del acto el rector de la Casa de Altos Estudios, Oscar Alpa, la vicegobernadora Alicia Mayoral; Alberto Goldberg, de la Fundación Chadileuvú; Roberto Daniel Rodríguez, presidente de la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos –estos últimos en calidad de querellantes-; el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez –quien encabezó el equipo que formuló la demanda; el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; la Fiscal de Estado, Romina Schmidt y demás autoridades provinciales y universitarias.
“Para arreglar la economía no hay que perder derechos”
El rector de la Universidad Nacional de La Pampa agradeció a los presentes y especialmente a los que trabajaron en la elaboración del informe que dio lugar a la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Estamos defendiendo derechos”, dijo Alpa y trazó un paralelo entre la lucha por el derecho al agua con la lucha por el derecho a la educación superior, que “se garantiza, con presupuesto, salarios de docentes y no docentes que en los últimos siete meses han sido pulverizados”.
“Para arreglar la economía no hay que perder derechos como dice el gobierno nacional”, afirmó y puso como ejemplo a la provincia de La Pampa “que siempre ha sido ordenada desde lo económico y al mismo tiempo ha mantenido los derechos de la población”.
El titular de la Casa de Altos Estudios defendió enfáticamente el rol de la universidad pública y advirtió que en el contexto actual se corre el “riesgo de que nuestras y nuestros docentes y no docentes emigren y perdamos la calidad, denigrando al sistema universitario público como derecho humano universal”.
Finalmente y en directa relación a la lucha por la soberanía hídrica y ambiental, dijo que “no podemos plantear cuestiones económicas y como contra partida ir contra el derecho humano al agua y a un ambiente sustentable”.
“Mendoza no acata ni las ordenes de la Corte”
“Hace ya bastante tiempo que en la Fundación Chadileuvú se discutió la necesidad de recurrir a la Suite de Supranacionales, fundamentalmente los que están en el marco de la Organización de Estados Americanos, es decir la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la Corte”, recordó el titular de la Fundación Chadileuvú, Alberto Goldberg.
En este sentido dijo que considerando “las últimas acciones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se había llegado a una situación inédita donde por primera vez una provincia entra en rebeldía y no acata las ordenes de la Suprema Corte”.
“La Corte Suprema agotó todas sus posibilidades, no tiene ejercito de policías a su disposición y se guía por criterios políticos donde Mendoza tiene las de ganar como provincia más importante que La Pampa desde el punto de vista electoral y económico. La única posibilidad que nos queda es iniciar un camino largo, pero que puede tener éxito y llagar a lo que aspiramos todos lo pampeanos, que por fin el agua de Atuel corra por el cauce de La Pampa”, concluyó.
