El Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda lanzó un relevamiento con la idea de establecer que las cuotas de las futuras viviendas sociales de la provincia tengan relación con los ingresos de los adjudicatarios.
El anuncio fue realizado este lunes a la mañana por el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, durante una conferencia de prensa.
La novedad ya había sido dada a conocer por el gobernador Sergio Ziliotto cuando, en el mes de julio pasado, presentó el Plan Provincial de Viviendas que implicaba -para este año- el inicio de las obras para levantar mil casas sociales en la provincia: se trata de las operatorias «Mi Casa 1» y «Mi Casa 2».
La primera, de un total de 560 viviendas, será destinada a los municipios con una población de hasta 10 mil habitantes, y la segunda, con 440 unidades, será para las ciudades de Santa Rosa, General Pico, Toay, General Acha y Eduardo Castex.
En total, la inversión que realizará el Estado pampeano para levantar las mil viviendas será de 2.900 millones de pesos.
Durante el anuncio de aquel momento, el gobernador también dio a conocer un aumento a mil pesos para las cuotas mínimas de las viviendas sociales de todas las operatorias vigentes, a partir del 1º de septiembre.
Y adelantó que a partir de enero «volveremos a actualizarla y ahí determinaremos un sistema permanente de actualización».
De eso se trata el relavamiento que inciará ahora el IPAV: el monto de las cuotas a pagar por las viviendas variará de acuerdo a los ingresos de la persona que resulte adjudicataria. Quien más ingresos tiene, más paga.
El organismo también trabaja en establecer un «sistema móvil» que permita «reducir o elevar» el subsidio que el Estado destina a cada adjudicatario en función de su situación económica, consignó El Diario.
Por ejemplo: si una vivienda social tuvo un costo de 3,8 millones de pesos y el plazo de pago se estipula en 480 meses (40 años), la cuota debería fijarse en unos 8.000, de los cuales el Estado subsidia 6.500 y el adjudicatario paga 1.500.
El sistema a implementar también deberá permitir que si un adjudicatario mejora su nivel de ingresos, vea reducido el monto del subsidio y afronte una cuota mayor a los 1.500 pesos. Y por el contrario, si perdiera su empleo o viera reducido su salario, recibará un subsidio mayor.
