Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda que el valor máximo de arsénico en el agua para consumo humano no debe superar los 10 microgramos por litro.
La información científica disponible señala que un valor superior a ese parámetro representa un riesgo para la salud humana, principalmente en mujeres embarazadas, lactantes y niños.
Sin embargo una resolución administrativa de la Secretaría de Calidad en Salud y la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, sobre la calidad de las aguas minerales, estableció que el valor máximo de residuo arsénico para ese tipo de aguas, no debe superar los 50 microgramos por litro, este estándar de calidad establecido no se ajusta a un criterio de seguridad válido para considerar potable al agua mineral.
La medida establecida por el Estado representa un beneficio para las grandes corporaciones como Danone, Nestle, Coca Cola, Garbín, que en las últimas décadas han hecho un enorme negocio sobre la comercialización de aguas minerales, ante los defectuosos servicios de agua de red por parte del Estado en gran parte del país.
Muchas localidades de Argentina, aún no cuentan con un servicio de red domiciliaria de agua potable.
Las personas están obligadas a consumir agua de pozo, sin potabilizar, y quienes cuentan con ingresos económicos y pueden acceder a comprar bidones de agua mineral, lo hacen en el entendimiento que la misma es potable y segura.
Sin embargo, durante los últimos 30 años, la población estuvo expuesta a consumir agua mineral, cuyos valores de seguridad para el arsénico son demasiados altos y representan un serio peligro para la salud humana. Y lo seguirá representando en base a la nueva reglamentación.
Evidentemente el lobby empresarial del comercio del agua ha funcionado. Las grandes corporaciones hacen un gran negocio con la venta del agua y poseen la suficiente capacidad económica para invertir en el proceso de tratamiento.
Es inexcusable como las autoridades sanitarias exponen a un riesgo a la población, siendo que el agua potable es un determinante clave en la salud, y en tiempos de pandemia, ello adquiere relevancia significativa para el fortalecimiento del sistema inmune, ya que el arsénico es considerado un agente cancerígeno.
Históricamente se está implementando una política pública en todos los niveles en relación al agua potable, con un retiro por parte del Estado en asumir seriamente la problemática que gira en torno a ella.
De la misma manera que no se regulan los residuos de agrotóxicos que son de uso masivo actual en la agricultura, en las aguas subterráneas y superficiales que son para consumo humano, ni se realizan las obras necesarias para potabilizar el agua y adecuar todos sus parámetros a los mejores estándares de calidad recomendados, ni se restringen las actividades como la megaminería y el fracking que además ponen en riesgo las reservas de agua dulce.
El Estado se vuelve cómplice, otorgando beneficios a las grandes corporaciones, para asegurarles la inmutabilidad e intangibilidad de su gran negocio con el agua, en detrimento del riesgo inadmisible que cargan sobre la población expuesta a consumir agua mineral con residuos de agrotóxicos, por la que encima pagan sumas exorbitantes.
Por Robert Lizarraga
Fuente: biodiversidadla.org
