El Gobierno pampeano decidió ir a la Corte Suprema contra la decisión del Gobierno nacional de avanzar sobre recursos provinciales y de las cooperativas en materia de comunicación. Así lo anunció este mediodía el gobernador Carlos Verna.
«Creamos Aguas del Colorado definiendo que la fibra óptica fuera propiedad del Estado Provincial. Presentaremos un recurso ante la CSJ contra el DNU de Macri que pretende pasar la infraestructura de comunicaciones del país a manos de intereses corporativos», comunicó el mandatario a través de su perfil de Twitter.
Esa resolución avanza tal como lo pretendían las grandes empresas y los grupos concentrados de comunicación. Permite que a su antojo utilicen las redes de distribución, las columnas y otros elementos e incluso pasa del por encima del Congreso que discutía una nueva ley.
Se trata de la Resolución Nº 3/19 de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que aprueba un reglamento de compartición de infraestructura, que norma el procedimiento y las condiciones relativas al acceso y uso compartido de la infraestructura pasiva de propiedad de las cooperativas y de los estados provinciales, por parte de las grandes prestadoras de servicios de cable y telefonía celular.
La resolución pasa incluso por encima de decisiones legislativas y obliga a los propietarios o poseedores de torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos, dispositivos o cualquier otro recurso análogo a compartirlo y ponerlo a disposición de esas grandes prestadoras para que suministren los mismos servicios.
El Estado Nacional había enviado al Congreso de la Nación en el mes de abril de 2018 un proyecto que se conoció como «Ley Corta» por medio del cual en sus dos primeros artículos se modificaba la Ley Nº 27.078, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y se propiciaba la regulación de estos aspectos relacionados con el uso compartido de la infraestructura de las pequeñas empresas de cable y telefonía por parte de las grandes compañías telefónicas y de cable.
Ese proyecto cuenta con media sanción del Senado de la Nación y se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados. En Diputados se había logrado un texto legal consensuado con cableros, y pequeñas y medianas prestadoras de estos servicios, en otro sentido al que ahora apunta la nueva resolución.
Esta decisión del Estado nacional chocaría con las leyes provinciales, según ya advirtieron desde la provincia y las cooperativas.
Alfredo Carrascal, presidente de la CPE, ya dijo que la nueva normativa «está floja de papeles». Ese es el mismo criterio que maneja la Provincia a la hora de ira la Corte, amparándose en la ley que creó Aguas del Colorado.
