Los fiscales elevaron a juicio este martes la causa por el crimen del nene santarroseño Lucio Dupuy en manos de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Paéz. Este miércoles dieron detalles de la investigación. El juicio oral y público se haría a fines de este año o principios del próximo.
Los fiscales Máximo Paulucci, Marcos Sacco y Verónica Ferrero informaron este miércoles que terminaron la investigación de seis meses y medio y elevaron el martes último la acusación contra Magdalena Espósito Valenti y Abigael Páez por abusos y el homicidio del niño Lucio Dupuy.
«La teoría del caso es la que se viene sosteniendo, la hipótesis tiene una expectativa punitiva de máximo que implica perpetua», dijo el fiscal general, Paulucci.
Este miércoles, a las 12 horas, brindaron una conferencia de prensa en la Fiscalía. El equipo de fiscales que se hizo cargo del caso -Walter Martos y Mónica Rivero también lo integran- acusó a ambas mujeres de «homicidio calificado» y «abuso sexual agravado».
El próximo paso del expediente es una audiencia para ofrecer pruebas, que convocará el juez de Control, Daniel Ralli, seguramente después de la feria judicial. «Básicamente en esa audiencia se discute la prueba que llegará al juicio», explicó Ferrero.
El juicio oral, según trascendió, podría realizarse este mismo año, aunque también cabe la posibilidad de que haga a principios del año próximo. La Oficina Judicial es la que debe fijar fecha. «Estamos dentro de los plazos, el tiempo fue razonable respecto a lo que se extendió la investigación a partir de la complejidad del caso», dijo la fiscala.
«Hay evidencias y pruebas que son suficientes para considerarlas autoras del hecho», reseñó Paulucci respecto al rol de las dos imputadas.
En ese sentido, Sacco aclaró que las pruebas que tienen se discutirán en una audiencia, donde se determinará cuáles son pertinentes para incluir en el futuro debate oral. «La fiscalía propuso 50 testigos, más prueba documental e informativa», precisó. Aclaró que la defensa también tiene su «teoría del caso» y puede aportar pruebas o cuestionar algunas de parte de la fiscalía.
Sacco descartó la participación de terceras personas y también la versión de que hubo un robo en la escena del crimen, algo que alegaron en algún momento desde el entorno de las imputadas. Las dos acusadas no declararon hasta ahora. Aunque podrían hacer uso de ese derecho en el debate oral y público que se llevará a cabo.
El juicio «seguramente se hará en Santa Rosa», dijeron los fiscales, aunque consideraron que la magnitud del debate hará que insuma entre 10 o 15 jornadas de audiencia. Todavía no está conformado el tribunal que se hará cargo del debate.
«Lo que hace compleja a la causa, es que las dos personas a cargo del niño son coimputadas, con lo cual no tenemos terceras personas ni testigos que hayan visto qué aconteció», explicó. «Con lo cual se trabajó con lo que quedó en el inmueble y otras pruebas que hay que discutir ante el juez de control. Eso lleva su tiempo, de ahí la complejidad. No solo lo ordena la fiscalía, sino que lleva un trámite especial, necesitamos la autorización del juzgado de control. Pero en seis meses y medio pudimos recolectar la prueba», señaló.
Sobre las penas previstas para la acusación, Paulucci indicó que hay dos delitos, uno de abuso sexual con penas máximas de 20 años, pero también se les imputa la muerte en forma intencional y con agravantes, algo que contempla una pena que no tiene graduación, como «única opción» -en caso de condena- se establece la prisión perpetua.
El fiscal general dijo que primero se contactaron con el abogado querellante y la familia, antes de brindar información pública. No quiso adelantar posición sobre la postura de la querella, que promueve como otro agravante la hipótesis de un supuesto de «crimen de odio de género».
«Pretendemos que el juez de control nos diga que esto tiene que ir a juicio. Y estaremos preparados para ese momento», precisó.
Los fiscales aclararon que no investigaron responsabilidades penales de miembros de organismos públicos de Salud o de Educación. Y que no surgieron de la investigación indicios que pudiera derivar en una causa aparte en ese sentido.
Las dos mujeres imputadas permanecen detenidas en una cárcel de San Luis desde fines del año pasado, acusadas por el crimen del niño.
Lucio Dupuy, de 5 años, murió el 26 de noviembre del año pasado, víctima de una golpiza en un departamento de la calle Allan Kardec de Santa Rosa.
El padre del niño, Christian Dupuy, es querellante en la causa. Su hermano, Maximiliano (tío de Lucio) tuvo por casi dos años la tutela del nene. Pero después la madre, «Magui» Espósito empezó a reclamar volver a tenerlo, además que lo amenazó con denuncias. Finalmente (con el asesoramiento de la abogada piquense Adriana Mascaró) el tío firmó un acuerdo, que fue aceptado por la jueza de Familia, Ana Clara Pérez Ballester.
Después, el nene empezó a vivir con la madre y su pareja, Abigail en Santa Rosa. En fotos y en videos, se puede observar que tuvo algunas lesiones mientras estaba con ellas.
Luego se produjo el fatal desenlace del 26 de noviembre. La autopsia reveló que el nene tenía lesiones, mordeduras y quemaduras padecidas anteriormente.
Los dibujos que hacía el nene, además confirmaron el abuso que sufría.
Los testigos del caso fueron la familia paterna, la familia de la madre y de Páez, personal de Salud, policías y docentes. También declararon vecinos, testigos de los maltratos que recibió el nene.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Juan Carlos Carola, decidió iniciar tres sumarios en la causa relacionada con el brutal crimen del nene santarroseño Lucio Dupuy: uno en el Ministerio de Salud, otro en el Ministerio de Educación y el tercero en la Policía.
El resto de los organismos relacionados con el caso, que recibieron fuertes cuestionamientos quedaron a salvo de cualquier investigación.
Como parte del conteo de intervenciones relacionadas con el caso, la FIA constató un ingreso del nene en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico y en la Clínica del Este. Además, hubo ingresos en las postas sanitarias del barrio Aeropuerto y Río Atuel; y en los hospitales Evita y Molas. Incluso una intervención del SEM (Servicio de Emergencias Médicas).
Fuente El Diario
