La cocaína entraba por la puerta de Urquiza y Corrientes. La subían por la escalera del Palacio Municipal de Paraná y en la planta alta seguía por el pasillo hacia la izquierda.
Pasaba por la puerta de la oficina del intendente Sergio Varisco (Cambiemos), por la de la subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, y finalmente entraba a la del concejal oficialista Pablo Hernández.
Ese es el recorrido que confesó haber hecho en más de una oportunidad Luciana Lemos, una de las acusadas en la causa «Narcomunicipio», como le dicen en Entre Ríos.
La declaración de Lemos, escuchas telefónicas, movimientos de dinero sospechosos y otros elementos valorados por los investigadores ilustran cómo se vendía droga al por mayor en la Municipalidad. Y la Justicia cree que la cocaína se pagaba con dinero público.
Ahora Varisco (58), Bordeira (43) y Hernández (44) irán a juicio oral acusados de «financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes«. En la causa hay otros ocho imputados, entre ellos Lemos (29) y su pareja, el líder de la banda, Daniel «Tavi» Celis (43).
Una de las escenas más escandalosas que la Justicia investiga es la venta de 6 kilos de cocaína que los narcos habrían hecho en la Municipalidad en abril del año pasado. Lemos contó que, del total de la droga, un kilo era «para (Emanuel) Gainza, uno para Hernández, dos para Bordeira y dos para Varisco». La mujer confesó que entregó personalmente la cocaína en la oficina de Bordeira por orden de Celis.
La investigación salió a la luz el 3 de mayo del año pasado cuando la Policía Federal allanó la casa de Lemos y encontró 3,4 kilos de cocaína, $ 122.000, celulares y un cuaderno con anotaciones y cuentas en el que estaban el nombre del intendente, el de Bordeira y los concejales Hernández y Gainza.
Para la Justicia, el negocio se desarrolló entre septiembre de 2017 y mayo de 2018. La investigación deriva de otro escándalo: el de la narcoavioneta con 317 kilos de marihuana, en la que el intendente Varisco ya había tenido que ir a declarar en calidad de testigo.
Los investigadores comprobaron que la droga se repartía por la zona en camiones de recolección municipales.
El segundo factor que acompaña la trama narco de principio a fin es la presencia de empleados y funcionarios municipales. Primero fue con nombramientos de gente allegada a Celis en cargos clave para disponer de los recursos. Lo más grave es que la plata provendría del desvío de fondos destinados a la pauta oficial.
Con esa sospecha, la División Lavado de Activos de la Policía Federal allanó la Municipalidad en octubre pasado en busca de los balances y los movimientos de dinero. Solamente en publicidad, el Gobierno de Varisco declaró que gastó más de $ 28 millones en esos ocho meses.
La sorpresa es que la mayoría de las facturas fueron libradas en nombre de personas que ni siquiera son monotributistas, o bien están inscriptos en otra actividad. También desvela a los investigadores la emisión de algunos cheques, que luego fueron otra vez depositados en las cuentas de la Municipalidad.
Un segundo episodio de entrega de droga en el Palacio Municipal ubicado en Urquiza y Corrientes fue, según Lemos, el 1° de diciembre de 2017. La mujer explicó que, por orden de Celis, los cargamentos no tenían que permanecer mucho tiempo en la casa.
Bordeira y Hernández esperan el debate en prisión, mientras que Varisco sigue siendo intendente y planea presentarse en la interna de Cambiemos en abril para ser reelecto.
Fuente: Clarín.
